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Sevilla: Una juez de lo contencioso protege en un fallo las inmatriculaciones

Interpreta que el artículo 95 de la Ley 58/2003 prohíbe facilitar datos, aunque el artículo se refiere a las personas jurídicas

La Catedral y la Giralda, dos de los edificios cedidos por el Estado en usufructo, que la Iglesia se ha apropiado a inscribirlos a su nombre

RPNews // 18 enero  2019.- Miembros de la Plataforma en Defensa del Patrimonio, de Sevilla, denunciaron ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la negativa del Ayuntamiento de facilitar los nombres y direcciones de las entidades exentas de abonar el IBI, entre ellos la Iglesia. Se hacía con la intención de averiguar cuales son los edificios, tanto de uso religioso como civil, que la Iglesia ha registrado a su nombre en los últimos años, en la Archidiócesis. Pero el Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Contencioso Administrativo número 7, y la Juez Nuria Marín le ha dado la razón.

La Magistrada basa su sentencia, en que, según su interpretación, el citado artículo 95  de la Ley General Tributaria impide facilitar datos tributarios a terceros. Según el razonamiento, la Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto que este precepto “establece una limitación legal al ejercicio del derecho a obtener información fiscal”. Sin embargo, esa sentencia se refiere expresamente a las personas jurídicas, mientras lo que ha pedido la Plataforma ha sido la relación de bienes inmuebles que están exentos de IBI. Esta información es la forma más eficaz y rápida de conocer los espacios físicos inmatriculados por la jerarquía eclesiástica, a lo que se oponen de forma tajante, tanto la negativa del Ayuntamiento, a facilitar la información, como la sentencia, que sigue manteniendo en secreto cuales son los inmuebles inmatriculados.

Pese a la claridad de la sentencia de la Audiencia Nacional, a juicio de la Juez Nuria Marín “el artículo 95 establece un régimen especial que prohíbe la cesión y comunicación a terceros de los datos tributarios (…) se desprende inequívocamente que dicho régimen no queda afectado por la normativa sobre transparencia”.

Así  que ahora resulta que, según esta sentencia, no tenemos derecho a conocer quien ni cuanto cotiza al erario público cada entidad y cada empresa. Ni tampoco -y este es el objeto real de la reclamación y al que responde la referida sentencia- a saber qué edificios, locales, solares, etc., ha puesto a su nombre la Iglesia, tanto siendo como sin ser de su propiedad.

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