free estadisticas La Justicia no es un cachondeo. Es algo muy serio – La Nueva Andalucía

La Justicia no es un cachondeo. Es algo muy serio

Esta situación está perjudicando al Estado, al Gobierno y al poder judicial, que pierde credibilidad en perjuicio del acatamiento a sus sentencias

RPNews // 7 noviembre 2018.- Una pizca de sal * Rafael Sanmartín

Tienen en sus manos el poder de modificar, incluso anular, la vida de las personas. No es para tomarlo a broma; no hay motivo. No es conveniente emular a Marx (D. Groucho), “elevándose a la más alta cumbre de (…) desde el mísero  nombramiento por un partido”. Porque los partidos no deben nombrar jueces, y los jueces y fiscales, todos, deberían haberlo rechazado hace ya años. Porque la judicatura no sólo debe ser honrada; igual que la mujer del César, además debe parecerlo.

Pedir perdón “por errada gestión” no resuelve el problema creado. Pero ¿por qué les cuesta tanto dimitir a los políticos españoles? Perdón: un Juez no es un político, salvo que lo intente supliendo decisiones correspondientes a la política. Ú obedezcan “instrucciones” recibidas desde la política o desde la economía que la dirige. Si no hay jueces capaces de rebajarse a tan bajo nivel, nos felicitamos. Pero es necesario, imprescindible, que se note. Porque el mejor estado para quien comete un error capaz de afectar a miles de personas, el mejor no, la única solución, es dimitir. La dimisión o el despido de un trabajador provoca una situación grave: pone en riesgo a una familia. La de un político, un Juez o un Fiscal, sólo podría afectar, si acaso, a su posición personal, más o menos elevada en el escalafón. Y la forma más digna de pedir disculpas es no tener que pedirlas. Dimisión es dignidad.

Se nos dirá que las sentencias deben ser acatadas. Es evidente, no queda otro remedio. Pero “acatar” no significa ni tiene por qué significar “aceptar”. Es un derecho democrático manifestar nuestro desacuerdo con todo detalle en la forma de Gobierno. Y las decisiones judiciales son la más expeditiva forma de Gobierno. Más: obligación democrática es avanzar en la consecución de una democracia cada vez más real, más abierta, más demos-krática en tanto participación en las acciones y decisiones que nos afectan a todos. Más: la actual situación de la Justicia en el reino de España, cuestionada desde dentro y desde fuera, protagonista reiterativa en los varapalos recibidos desde países con indiscutible “marchamo” democrático y verdadera separación de poderes, y desde Tribunales internacionales, exigen una actitud seria, responsable y, por lo tanto, crítica, hacia unas sentencias que afectan directamente a la seguridad y mantenimiento de la democracia, porque afectan a la vida y al bolsillo de todos los habitantes de estos reinos. Acatamos las sentencias, está claro (¿qué otra cosa podemos hacer?). Pero tenemos derecho a disentir y disentimos, no por puro placer, el placer vendrá cuando podamos disfrutar una Justicia absolutamente imparcial, independiente, que mire al objeto sin observar al sujeto. En definitiva la protesta exige una Justicia justa.

¿Cómo podemos acatar el espectáculo de algo tan serio como la Justicia, zarandeado continuamente por sentencias exteriores y algunas superiores? Porque el Estado español aceptó voluntariamente someterse a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Tribunales internacionales. Hay que ser coherentes. No es coherente aceptar unas leyes para luego saltar sobre ellas o protestar contra ellas, como hacen los partidos de la ultraderecha, cada vez que un Tribunal independiente ofrece un revés a las hispánicas decisiones políticas.

La judicatura no está para ofrecer espectáculos, sino para ofrecer Justicia. Que una decisión irrevocable sea revocada por el propio Presidente del Tribunal, “en función del daño que podría provocar a los bancos”… ¿y el daño provocado a las familias, mucho más débiles y sensibles que los bancos? ¿A quien preocupa este daño? ¿Le preocupa a alguien?

Posiblemente la respuesta la tiene el Parlamento. Revocando leyes y creando otras más justas y ajustadas; leyes que no permitan tantas interpretaciones como se puede ver en la actualidad. Y renunciando, como honrados ciudadanos, al nombramiento de Autoridad judicial alguna. Totalmente. Plenamente. La judicatura tiene conocimientos y medios para autogestionarse, los nombramientos sólo deben llegar desde dentro. Y la recusación sólo desde el pueblo. El Gobierno, por honradez, por exquisitez democrática, debe ser el primero en someterse al “imperio” de la Ley. Pero de una Ley y un Poder judicial que esté al margen de Gobierno, Parlamento y partidos

Esta situación está perjudicando al Estado, al Gobierno y al poder judicial, que pierde credibilidad en perjuicio del acatamiento a sus sentencias. Hay que ser conscientes de la alta responsabilidad de los representantes de la Ley y de la Justicia. Los errores (más aún los horrores) cometidos por un representante son muchísimo más graves que los de cualquier ciudadano, por el simple principio de que ellos deben dar ejemplo. Aunque hasta ahora se les esté tratando al revés, otro error, otra injusticia que un nuevo Sistema debe corregir.

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