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Errores judiciales, I: El crimen de las estanqueras

El tribunal no tuvo en cuenta la denuncia de torturas, aunque aceptó como prueba una camisa manchada de sangre, según afirmaron propiedad de uno de los acusados

El estanco dónde tuvo lugar el doble crimen aquel día de verano

RPNews // 5 enero 2019.- Junio de 1972. Sevilla. El sacerdote Fray Hermenegildo de Antequera, recibe  una confesión. El confeso quiere lavar su pecado y propina el mazazo en la mente del cura: él fue quien asesinó  a las dos mujeres, en el estanco de la Avenida Menéndez Pelayo, veinte años antes: el 11 de junio de 1952. El mazazo es para dejar paralizado al confesor: él siempre había creído en la inocencia de “El Tarta” y “El Mellao”. No eran más que dos pobres diablos, dos desgraciados dedicados al hurto, al “descuideo”; a vivir a costa de gente tan pobre como ellos, pero nunca habían cometido semejante atrocidad. El mismo Cardenal Segura y el Marqués del Contadero, alcalde de la ciudad, habían pedido el indulto. Pero la condena tenía que ser ejemplarizante.

Aquel 11 de junio de 1952, la ciudad entera y toda la parte de Andalucía dónde pudo llegar la primera noticia, quedaron conmocionadas: las dos mujeres habían sido salvajemente asesinadas. Se habían ensañado con ellas: trece y dieciseis puñaladas. Primero cayó la hermana mayor, cuando supuestamente se acercaba a cerrar el establecimiento. Su hermana, que salió al oir los gritos, recibió las dieciseis. ¿Obra de fanáticos, ladrones, locos… ?podía ser de todo. La investigación se centró en el intento de robo, sin embargo las siete mil seiscientas pesetas guardadas en el cajón, en el interior del mostrador, una buena cifra para el año 1952, estaban intactas. No faltaba nada. No había huellas de forcejeo, ni de haber registrado. Todo estaba en orden.

Al parecer, según la policía, algún ratero compañero y tal vez enemigo de los enjuiciados denunció a Juan Vázquez, conocido por “el Mellao”, y este implicó a Lorenzo Castro, conocido como “el Tarta”, porque era tartamudo. Posteriormente ambos se retractaron de sus declaraciones y afirmaron haberlas hecho bajo tortura. Pero el tribunal no lo tuvo en cuenta. Con una rapidez inusitada, se celebró el juicio en la Audienia Territorial desde el 20 al 22 de octubre del mismo año. El juicio despertó una gran expectación. Los comentarios denotaban que el pueblo sevillano no se creía la versión dada por la policía. Conocía el historial pequeño-delictivo de ambos y de su amigo Antonio Pérez, pero no creían que fueran los asesinos. Por el contrario, circulaba por la ciudad un comentario acerca de un sobrino de las dos mujeres, desheredados. También se habló algunos años después, de un posible ajuste de cuentas con alguien que habría sido denunciado supuestamente por ellas, cuando todavía vivían en Estepa, desde dónde se habían trasladado a Sevilla. La aglomeración en la Plaza de San Francisco hizo intervenir a la Guardia Civil, que creó un cordón para separarlos de la entrada de la Audiencia.

El Tribunal decidió que los procesados “conocidos delincuentes contra la propiedad y de pésima conducta moral“, esperaron a que Matilde Silva Montero, la mayor de las hermanas, se dispusiera a cerrar el negocio “amparados, por lo caluroso de la estación y la coincidente suspensión de actividades de los comercios próximos“. La sentencia continúa: “le exigieron dinero. Juan Vazquez cerró la puerta y el Tarta y Antonio la apuñalaron trece veces. Su hermana Encarnación acudió dando  voces de auxilio y recibió otras dieciseis, una de las cuales le seccionó la yugular“. La sentencia también afirma que registraron cajones y armarios, cosa extraña, después de dejar las 7.600 pesetas en el cajón del dinero.

Nadie creía en su culpabilidad. Uno de los tres jueces, disconforme con el veredicto fue convencido por sus compañeros, asegurándole “en España ya no se va a ejecutar a nadie“. Tampoco sería verdad. Los dos acusados fueron ejecutados a garrote vil en la prisión de “Ranilla”, junto al río Tamarguillo, en el barrio de Nervión, el 4 de abril de 1956, en cuanto el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. Los condenados mantuvieron su declaración de inocencia hasta el último momento. Y el sacerdote que los atendió, el mismo que recibiría veinte años después la espeluznante declaración de culpa, aseguró en todo momento que aquellos hombres “no eran los asesinos“.

La plaza de San Francisco, repleta de gente los días del juicio

Todo el mundo creía que llegaría el indulto, convencidos del tremendo error judicial. Los abogados de los acusados se presentaron aquella mañana en la cárcel, en la confianza de que el indulto llegara. Pero no llegó y el verdugo cumplió el encargo con toda la frialdad con que suele actuar un verdugo. El Tribunal se había valido de los informes de la policía, sin hacer caso a la denuncia de torturas, y de una camisa manchada de sangre que aseguraba pertenecía a Juan “El Mellao”. Como no se conocía aún la prueba de ADN, no pudieron demostrarlo. Pese a estos detalles y a las numerosas contradicciones deslizadas durante la veloz investigación y más rápido juicio, resuelto en tan sólo ocho páginas, los tres jueces de la Audiencia y los del Supremo mantuvieron sus firmas en la sentencia que acabó con la vida de dos personas, con casi absoluta certeza, mucho más víctimas que culpables

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